Atención Hermanos!!!

descargaLectores de nuestra revista, nuestro trabajo no es sólo comunicar las actividades de los pueblos originarios, también denunciar y apoyar las iniciativas que tienen nuestros hermanos. En esta oportunidad haremos pública de nuestros hermanos Aymaras, redactada por Ariel y Luis jimenez, abogados. La cual nos fue enviada por nuestro hermano Alan, para ser difundida y que otras comunidades indígenas apoyen la causa presentada.

Para difundir en las comunidades

Arica, Miércoles 26 de diciembre 2012

Señor

Sabas Chahuán Sarrás

Fiscal Nacional

Ministerio Público de Chile.

Av. General Mackenna 1369

Presente

Las organizaciones abajo firmantes, representando el sentir del pueblo aymara, organizaciones de mujeres  y de la sociedad civil en general, en relación a la inclusión de la Sra. Fiscal Adjunta Javiera López Ossandón en la terna elaborada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Arica para el cargo de Fiscal Regional de Arica y Parinacota, manifestamos lo siguiente:

  1. Nos oponemos a la posibilidad que la Srta. Fiscal Javiera López Ossandón asuma el cargo de Fiscal Regional de Arica y Parinacota. Se dejaría a cargo de la responsabilidad de la persecución penal a nivel regional y del control de los fiscales adjuntos a quien ha tenido una actitud racista y discriminadora contra el pueblo aymara y todos los otros pueblos que comparten la cosmovisión andina (quechua, colla, diaguita y lickan antai).
  1. En efecto, la Sra. Fiscal Javiera López persiguió penalmente una práctica ancestral aymara.. Nuestros abuelos y abuelas, al buscar el ganado, no dejan a sus hijos en la casa habitación, sino que los llevan, y muchas veces es necesario dejarlos en un aguayo, pues sino los animales se arrancan. Lo mismo pasa en la precordillera: se lleva  a los niños a la chacra. En dicho sentido, las pericias antropológicas presentadas por dos funcionarios públicos, incluido uno de CONADI, de vasta experiencia y reconocido prestigio en el tema, lo que fueron objetos de comentarios despectivos por la Sra. Fiscal. Considerando que más de una 35% de la población regional es aymara o descendiente, nos preocupa su desconocimiento sobre nuestra cultura.
  1. La Sra. Fiscalno presentó ninguna pericia antropológica ni buscó asesoramiento alguno en materia de interculturalidad.[1] Se aplicó estándares “occidentales”, “urbanos”, para valorar una práctica cultural propia de los aymara.[2] No se respetó, por ende, los principios de objetividad y legalidad, pero lo que es más grave, implicó un mirada etnocentrista y prejuiciosa[3]. ¿Qué le impide que esta misma fiscal, en caso de asumir la Fiscalía Regional, no aplique el mismo etnocentrismo para perseguir penalmente otras prácticas ancestrales, como el porte de hojas de coca para rituales religiosos? ¿es que usted avalaría o se haría cómplice de estos intentos de integración forzada de la cosmovisión aymara a la occidental?
  1. La Sra. Fiscal no tomo en cuenta el derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos, pues no aplicó el Convenio 169 de la OIT, importante instrumento internacional y ley vigente en Chile,[4] obviando el principio de legalidad. También desconoce los estudios de género, pues usa y abusa de estereotipos machistas argumentando en función de los roles asignados tradicionalmente al sexo femenino[5]: se exige a Gabriela comportarse como una “buena madre”, olvidando que ella es aymara y no participa del todo en los patrones culturales occidentales.
  1. El caso de Gabriela Blas está siendo conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y según los últimos informes, lo más seguro es que se admita a tramitación. La actuación del Ministerio Público, con la Sra. Fiscal Javiera López Ossandón, en conjunto con los tribunales penales, puede conllevar un nuevo bochorno para el Estado de Chile y conllevar su condena internacional, tal como paso con el caso de Karen Atala. En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que “los/as administradores de justicia han omitido la condición étnica de las personas y las costumbres de los pueblos indígenas, con lo cual reiteran en la actuación judicial la discriminación histórica que los afecta. En este contexto, los obstáculos que las mujeres enfrentan en la justicia, se potencian; se trenzan en este acto la discriminación de género y la de etnia junto con aquella que resulta de la pobreza” (Informe 2011, pp 129-130). Cabe recordar, además, el indulto presidencial a Gabriela, constituyendo una suerte de reconocimiento de los abusos cometidos contra ella.
  1. Dado lo anterior, las organizaciones firmantes declaramos no confiar en una eventual jefatura regional de la nombrada Fiscal. Los aymaras, sin exagerar, tenemos un profundo temor ante la llegada de Javera López y el consiguiente reforzamiento de la persecución penal étnica. Hasta la fecha ella no ha realizado ninguna disculpa pública.
  1. La ciudadanía regional y nacional sabe que el pueblo aymara ha sido tremendamente respetuosa de las normas jurídica chilenas. En caso de usted decida elegirla, aumentaría la decepción, no solo del pueblo aymara, sino de diversas organizaciones de derechos humanos, en la labor del Ministerio Público, aumentando las dudas acerca de la imparcialidad y objetividad que la ley exige al actuar de los Fiscales, lo que podría dar pie a  expresiones de reclamo no ocupada antes (marchas, etc.)
  1. Hacemos un llamado vuestra autoridad a que instaure una unidad de facilitación, mediación y asesoría intercultural, a sazón de la defensoría penal pública, para asesorar a su personal en la atención de víctimas indígenas y en los procedimientos seguidos contra imputados indígenas, a fin de que se respeten las reglas y principios de derecho internacional de derechos humanos y se tomen en cuenta las desigualdades, vulnerabilidad y características culturales de las víctimas e imputados indígenas. Además, solicitamos realizar capacitaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás estándares internacionales que vienen a complementarla, con el objeto de asegurar un debido proceso.

Consejo Autónomo Aymara. 

Red chilena contra la violencia domestica y sexual Arica y Parinacota.

Corporación J´acha Marka Aru, R.M.

Asociación Indígena J´acha Marka


[1] Es más, las pericias psicológicas ordenadas y supervisaras por la Sra. Fiscal no tomaron en cuentan las condiciones socioculturales de Gabriela Blas, por lo que, a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “configura una vulneración de las garantías judiciales que establece la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 a. y b.)” (INDH, Informe Anual 2011, pp. 131).

[2] Incluso la Sra. Fiscal llega a sostener un verdadero racismo biológico, al creer que la forma que ella ve la vida se aplica a todas las culturas: “Se llega a absurdos que son naturales los ritos de sacrificios de animales y que los humanos tienen la misma jerarquía de animales. Es un error pensar que es un juicio contra el pueblo aymara; el reproche y exigibilidad son contenidos que trasciendo el tema interculturalidad, respeto a la vida, relaciones instintivas de madre e hijo con contendido biológico” o frases como “Sabe que la defensa planteará que se trató de un hecho accidental en el desarrollo de las costumbres aymaras, entre las que no está el abandonar un hijo.

[3] Dice la primera sentencia “Contra examinado por el Ministerio Público [el perito Alejandro Supanta] explicó que la acusada fue al colegio  pero también en poblados como una población muy mínima, pero gran parte de su vida estuvo aislada o bien “Se dice que no tenían valoraciones, pero Gabriela y Cecilio fueron a la escuela pertenecen a una religión, que tenían contacto con la sociedad […]”. La Sra. Fiscal sugiere que un indígena aymara, por el solo hecho de ir al colegio y recibir educación “chilena”, abandona sus valores, lo que contradice todos los estudios antropológicos-sociales. Por lo demás, vasta con ver en la ciudad de Arica que los aymara llevan su cultura y ética incluso a la ciudad.

[4] La Sra. Fiscal señala en la primera sentencia que “El mismo convenio [169 de la OIT] establece que la costumbre siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos, el derecho a la vida de un menor de tres años es un derecho reconocido. Al parecer, la Sra. Fiscal no sabe que, en caso de haber conflictos entre derechos fundamentales, se aplica la ponderación de derechos.

[5] Dice la primera sentencia: “El delito [abandono de menores] es de rara ocurrencia y menos que sea la propia madre la que abandone a su hijo”. Como se sabe, la mayoría de los imputados por este delito son mujeres, en base a la exigencia del estereotipo de “buena mujer”, única encargada del cuidado de los niños. El padre del menor participó en la investigación, pero solo en calidad de testigo.

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Acerca de ajayularevista

Revista de carácter indígena de la región de Coquimbo

Publicado el diciembre 27, 2012 en Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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